Recurrir un impuesto fuera de plazo: nulidad y STS 4402/2026

Revisión jurídica: Gabriel Padilla Franco, abogado, ICAE n.º 1265 · 11 de noviembre de 2026

¿Se te pasó el plazo para recurrir una liquidación de plusvalía, IBI, ICIO o una sanción? La STS núm. 1189/2026, de 26 de octubre —ROJ: STS 4402/2026— aclara cuándo la Administración debe tramitar una solicitud de nulidad de pleno derecho y por qué una de sus causas no puede utilizarse contra actos que perjudican al contribuyente.

> Respuesta corta: si no recurriste a tiempo, la nulidad del artículo 217 de la Ley General Tributaria (LGT) es una vía excepcional, no una segunda oportunidad para discutir cualquier error. El Supremo confirma que un recurso anterior presentado tarde no basta para inadmitir tu solicitud de nulidad. Pero también descarta la “falta de requisitos esenciales” de la letra f) contra liquidaciones, multas o denegaciones de devolución.

En resumen: qué cambia tras la sentencia

• El plazo ordinario para recurrir muchos actos tributarios es de un mes. Después, el acto puede quedar firme.
• La firmeza no impide pedir la nulidad de pleno derecho: este procedimiento está pensado precisamente para actos firmes con vicios especialmente graves.
• La Administración solo puede inadmitir por existir solicitudes sustancialmente iguales ya desestimadas cuando esas solicitudes anteriores de nulidad fueron resueltas sobre el fondo.
• La letra f) del artículo 217.1 LGT no sirve contra una liquidación, sanción o denegación que impone una carga al contribuyente.
• Conseguir que la solicitud sea tramitada no equivale a ganar: hay que identificar y probar una causa de nulidad válida.

Cuándo una liquidación tributaria queda firme

Contra una liquidación de un tributo local —plusvalía municipal, IBI, ICIO o tasas— el recurso de reposición se presenta, con carácter general, en un mes desde la notificación (art. 14.2 TRLRHL). Para los tributos estatales y autonómicos, la reposición y la reclamación económico-administrativa también suelen tener un plazo de un mes (arts. 223 y 235 LGT).

Si ese plazo transcurre sin recurso, los errores ordinarios de cálculo, motivación o interpretación normalmente ya no pueden reabrirse. Son defectos de anulabilidad, que deben alegarse mediante el recurso correspondiente y dentro de plazo. Nuestra [guía de tributos municipales y sus recursos](https://bufetepadillatorrevieja.com/es/blog/ley-haciendas-locales-tributos-municipales-como-recurrir-2026) explica el procedimiento ordinario ante ayuntamientos y SUMA.

Esto afecta especialmente a propietarios no residentes: la carta se envía a una vivienda que permanece vacía, se producen intentos de entrega o una publicación edictal y, cuando el propietario conoce la deuda, ya existen recargos o actuaciones de apremio.

Qué es la nulidad de pleno derecho en materia tributaria

Es el grado más grave de invalidez de un acto administrativo. El artículo 217.1 LGT contiene una lista cerrada de causas:

• a) Actos que vulneran derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, por ejemplo una indefensión real y grave.
• b) Actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
• c) Actos de contenido imposible.
• d) Actos constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta.
• e) Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
• f) Actos por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.
• g) Cualquier otro supuesto establecido expresamente por una disposición con rango de ley.