2,5 millones por 15 años en prisión siendo inocente: la sentencia del Supremo que cambia la indemnización por error judicial en España

Una sentencia histórica que sacude la responsabilidad del Estado-Juez

Pocas resoluciones reflejan con tanta crudeza la fragilidad del sistema penal como la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 18 de junio de 2026. El Alto Tribunal reconoce el derecho de Ahmed Tommouhi —ciudadano marroquí que llegó a España en 1991 con 40 años— a percibir 2,5 millones de euros como indemnización tras pasar 15 años en prisión condenado por diez violaciones que nunca cometió.

El caso, comparado por la doctrina con *El Conde de Montecristo* y *El proceso* de Kafka, no solo cierra una herida humana; también reescribe la doctrina sobre el error judicial y desactiva la interpretación restrictiva del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

> Tesis central: cuando una prueba esencial, objetiva y válidamente incorporada al proceso es ignorada y resulta determinante para la condena, no es exigible la declaración previa de error judicial. La Sala Tercera abre así una vía directa de reparación.

1. Los hechos: 36 años proclamando una inocencia ignorada

El recorrido del Sr. Tommouhi es paradigmático del fracaso institucional:

• 1991-1992: detención y condena por una cadena de 26 procedimientos por agresiones sexuales en Cataluña, todos resueltos en su contra.
• La prueba reina fue una rueda de reconocimiento por las víctimas, pese a existir un análisis biológico (ADN) que excluía su perfil del semen hallado en las prendas.
• Su compatriota Abderrazak Mouni, también inocente y condenado como supuesto cómplice, murió en prisión sin ver reconocido el error.
• La criminalista de la Guardia Civil, Reyes Benítez, nunca creyó en su culpabilidad y trabajó durante años para acreditar la verdadera identidad del agresor, finalmente condenado por hechos similares y de gran parecido físico con Tommouhi.
• En 2023, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó sentencia absolutoria tras la reforma del recurso de revisión penal operada en 2015, que liberó al condenado de la imposible carga de probar su inocencia.

Treinta y seis años después de proclamar que era inocente, el Estado lo escuchó.

2. El laberinto previo: por qué se le había negado la indemnización

Tras la absolución, comenzó el segundo calvario: el administrativo. Tanto el Ministerio de Justicia como la Audiencia Nacional rechazaron la indemnización con un argumento puramente formalista:

• El artículo 293 LOPJ exige una declaración judicial previa que reconozca expresamente el error.
• A juicio de la Audiencia Nacional, la valoración errónea de la prueba no constituía un error judicial patente.
• Se aplicaba así una doctrina restrictiva que convertía la indemnización en casi inalcanzable incluso para inocentes con prueba científica de su no participación.

El resultado era kafkiano: el Estado reconocía haber condenado a un inocente, pero negaba la reparación por defecto de forma.